TORRE FUERTE | Paco Ibarra, es ¡candidato!
Por: Mario Héctor Silva
Martes 16 agosto, 2022
TORRE FUERTE
- Paco Ibarra, es ¡candidato!
- Senador, niega participación
- Investigan desaparición de 4 mdp
- Oscar Ibáñez, sólo uno más…
Paco Ibarra, es ¡candidato!
Supongo que con esos datos de la cantera de Plan Estratégico de Juárez (PEJ), la asociación que ha patrocinado ya por casi más de dos décadas el empresario juarense, y ex alcalde suplente panista de la capital, Miguel Fernández Iturriza, que vinculan a Paco Ibarra -el hijo de ‘papi’-, en abierto conflicto de interés;
Con las empresas constructoras de la familia, en una ‘cascada’ de contratos por más de 300 millones de pesos durante los últimos años, lo hacen inobjetable ‘candidato’ a dejar su cargo como funcionario público en el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar.
Y cuentan que eso, es lo más saludable para el presidente municipal de Juárez que le ofreció, ‘haiga sido como haiga sido’, y recomendado o no, como dicen algunos de su “compadre” (de Paco), el exalcalde Armando Cabada Alvídrez, una oportunidad y una nueva ‘vida’ en la estructura de la burocracia municipal.
Los ‘espeluznantes’ datos que revela una investigación de Miguel Silerio,de ‘Yo Ciudadano’, que reproduce también el sitio digital de ‘La Verdad’, más allá de Gexiq a Koraachi, vinculan también a la empresa Yvasa, y ponen sobre el filo de la navaja las relaciones tejidas desde el llamado ‘Cuarto Poder’, desde los tiempos en que Francisco Ibarra Molina llegó a ser director de Televisa-Juárez.
La influencia, no especialmente de Paco, sino de los medios que representaba, de Televisa y Grupo RadioNET, y posteriormente también como propietario del Club de Fútbol Profesional Indios de Juárez, con los ex gobernadores Patricio Martínez García, Reyes Baeza Terrazas y César Duarte en el ámbito estatal, y con el ex alcalde Héctor ‘Teto’ Murguía; Reyes Ferriz; Enrique Serrano Escobar y Armando Cabada Alvídrez;
Hasta tocar la puerta del actual alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, lo convirtió en ‘factor’ importante en el éxito alcanzado por el grupo de la construcción que formó con mucho esfuerzo su padre, el finado ingeniero Francisco Ibarra Domínguez, que convertiría a Yvasa, en el paso de los años, en un envidiable ‘diamante’, de entre las empresas constructoras de Ciudad Juárez.
La operación de Paco en los medios y el talento, inteligencia y sapiencia de Lalo en los números y en el manejo de las finanzas, que hubiera dejado a Pitágoras ‘pendejo’, y la relación con los empresarios que participaban en CANADEVI, CMIC y otros grupos de profesionistas, convirtieron en muy pocos años a YVASA en una empresa exitosa bajo la mano de Eduardo Ibarra Molina.
Nada que no pudieran pagar las empresas y propiedades de Ibarra en su explosivo y acelerado crecimiento en Juárez, Chihuahua, Guadalajara, y la expansión de negocios a El Paso, Texas, producto de la panacea, de una muy bien calculada estrategia de negocios.
El último referente de que, desde 2017 la empresa Koraachi, propiedad de un socio de Paco Ibarra, hoy director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), ha recibido más de 300 millones de pesos en contratos municipales individualmente y en asociación con otras constructoras, ponen en perspectiva el urgente deslinde del gobierno de Morena que encabeza Cruz Pérez Cuéllar.
Digamos que Plan Estratégico le ha hecho un gran ‘favor’ al presidente municipal, que seguramente no querrá ver estropeados planes futuros, ahora que han salido al descubierto las ganancias y las relaciones de contratos millonarios de las empresas proveedoras de la construcción que siempre estuvieron conectadas a la matriz del Grupo Yvasa.
En 2016, ya bajo el gobierno del exalcalde y ahora diputado federal, Armando Cabada, Gexiq que se había convertido en el ‘brazo’ pavimentador de YVASA con los gobiernos fue desestimada en los contratos por malos trabajos, y fue también gracias a Miguel Fernández, que puso el dedo en la llaga.
Y cómo explicarle que curiosamente, la transición de Gexiq a Grupo Koraachi fue tersa y fue también muy exitosa.
De acuerdo con los datos que tienen como fuente de investigación el reporte de ‘Yo Ciudadano’, filial de Plan Estratégico, en el transcurso de tan solo 4 años, la empresa de la que es socio Jorge Quiñones Verduzco -también accionista de Gexiq, Conic y de Trituradora Águila, vinculada a los hermanos Francisco y Eduardo Ibarra Molina, ha acumulado más de 140 millones de pesos en contratos.
Ibarra fue director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, cargo en el que fue ratificado en el gobierno municipal de Morena, para un mes después asumir como el responsable de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez.
Su esposa, Yolanda Morquecho, apareció en la lista de regidores al Ayuntamiento de Juárez.
Senador, niega participación
Nos encontramos accidentalmente ayer por la noche en una de esas farmacias del Doctor Simi que se localiza frente al hospital del ‘Seguro Nuevo’ de Infonavit Casas Grandes.
Unas cuantas palabras entre un viejo y conocido amigo desde los tiempos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), de los ochenta, de un extraordinario ‘mimo’ y un muy buen reportero, Luis Carlos Ortega, y un servidor.
En no más de 60 segundos, a la salida, y cargando él, con un bote de lo que interpreté a simple vista, se trataba de proteína, me comentó sobre su reportaje intitulado ‘Justicia Torcida’, en el periódico que la gente sigue diciendo que es propiedad del empresario Oscar Cantú, y que revela que los descendientes de un empresario de reciclaje denunciaron el despojo fraudulento de algunas propiedades con la complicidad de los señores ‘justicia’.
Asentí, y le dije que todo el Poder Judicial estaba corrompido desde hace tiempo, y que no era de ahora. Nos despedimos, pero antes me sugirió ese reportaje ‘bomba’ que incluye, por cierto, al despacho de abogados del senador del partido de Morena, Rafael Espino de la Peña.
Cuya versión, por cierto, me llamó la atención, fue dejada en el cuerpo de la redacción hasta los últimos párrafos, donde el legislador, del que todos saben se ha dedicado al litigio fiscal, negó conocer siquiera el tema.
Categórico Rafa Espino le contó a Luis Carlos que nunca se ha metido en asuntos de esa naturaleza, y que incluso desconocía sobre el tema en cuestión, porque en todo caso, dijo, evitaría el tema del conflicto de intereses, de haberlo sabido lo habría evitado a tiempo”.
“No conozco a las partes, no conozco el tema, y yo siempre he litigado exclusivamente en materia fiscal y en materia administrativa”.
La denuncia involucra en presuntos actos de corrupción a los entonces jueces civiles Quinto y Sexto de lo Civil, José Antonio Hernández Delgado y Alessio Arrayales Duarte, así como al personal adscritos a dichos juzgados (actuarios y abogados) que intervinieron en tres diferentes juicios de “prescripción positiva” en 2018;
Que fue presentada recientemente por una persona, que, en representación de otros familiares afectados, se dijo “despojada” de millonarios bienes por efecto de una maniobra, y cuya denuncia ha quedado asentada desde el pasado mes de mayo de 2022, en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, y ratificada bajo el número del expediente 37-2022-0015420.
Una denuncia que fue presentada por la demandante, cuyo nombre fue guardado bajo reserva por temor a represalias, quien señaló la existencia de tres diferentes juicios que fueron resueltos de manera “sospechosamente irregular en contra de la albacea de bienes, una persona fallecida seis años antes, a la que sin embargo juzgaron como persona viva, según le contó la denunciante a su abogado, Jesús Alberto Velázquez Rascón.
De ella se deriva, la “gran cantidad de elementos que revelan la complicidad de los entonces jueces Quinto y Sexto de lo Civil”, y de una intervención directa de los abogados del despacho Fernández, Espino y Asociados, de la cual, según el jurista es socio el senador Rafael Espino de la Peña, a quien le raspa los ‘muebles’.
Y de quien dice, podría verse involucrado en conflicto de intereses en lo que respecta a las propiedades en disputa.
Pero el Senador, como lo apuntamos arriba, lo niega todo. Incluso no conoce siquiera el caso.
Aunque el hábil abogado refiere que en la disputa del terreno de 42.7 mil metros cuadrados ubicado en el ejido Senecú, bajo del cual pasa un gasoducto de Pemex, instancia que mediante un contrato de ocupación superficial temporal signado en 1996 y considerado contrato “leonino”, acordó con el entonces propietario un único pago de 150 mil pesos.
Según la versión del abogado, referido en el reportaje de Luis Carlos Ortega, 26 años después este contrato podría ser renegociado ventajosamente para el actual propietario con la intervención del Senador Espino de la Pena, quien en 2018 fungía como consejero externo de Pemex.
Ese, según la hipótesis del abogado Jesús Alberto Velázquez, habría sido el motivo de interés de que el despacho Fernández, Espino y Asociados habría retomado el caso para asesorar a quien promovió los juicios de prescripción positiva en contra de los legítimos herederos.
Y a Espino le endilgan sus “buenos oficios” como consejero de Pemex.
Pero el Senador, antes muerto que confeso, lo niega absolutamente todo.
Es más, no sabe ni lo que le hablan…
Investigan desaparición de 4 mdp
Ayer la dos veces diputada del partido de Morena, Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa para solicitar a la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría forense al contrato de mutuo interés que celebraron el Gobierno del Estado de Chihuahua y la persona moral denominada Agricultores Unidos de la Rivera del Río Conchos, A.C.
La auditoría, dicen, surge de los reclamos de productores de la región que han denunciado que no recibieron los insumos que la asociación se comprometió entregarles, provenientes de un préstamo que se solicitó al Gobierno del Estado en la pasada administración, y hechos en los cuales está involucrado el actual presidente municipal panista de Camargo, Jorge Aldana Aguilar, así como sus familiares y un grupo de personas cercanas a él.
Con los ‘pelos de la burra en la mano’, como luego se dice, la diputada morenista expuso que en enero de 2019 fue solicitado mediante oficio de la persona moral Agricultores Unidos de la Rivera del Rio Conchos A.C. un préstamo por la cantidad de 4 millones de pesos para la adquisición de fertilizantes y agroquímicos por parte de agricultores miembros de dicha asociación.
El 7 de mayo del 2019 fue celebrado un contrato de mutuo interés número SD-133/2019 entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Hacienda, y la persona moral Agricultores Unidos de la Rivera del Río Conchos A.C.
De acuerdo con el contrato, la asociación se comprometió a destinar el importe exclusivamente para la adquisición de insumos para el desarrollo de los cultivos de los miembros de la asociación.
A la fecha, el contrato ha sido incumplido por la asociación y la deuda asciende a 5 millones 56 mil pesos, lo cual ya generó una demanda por parte del acreedor, en este caso el gobierno estatal.
“Los integrantes de la asociación que nunca recibieron los recursos ya solicitaron al Gobierno del Estado se practique una auditoría porque aseguran que los 4 millones de pesos que recibió la asociación se distribuyeron únicamente entre amigos y parientes del entonces presidente de la Asociación y ahora alcalde de Camargo, Jorge Aldana Aguilar.
El préstamo nunca llegó a sus destinatarios.
Oscar Ibáñez, sólo uno más…
El representante del gobierno estatal en Juárez, Oscar Ibáñez, es solo uno más, entre los muchos políticos y servidores públicos y funcionarios, que a lo largo de las últimas décadas han gozado de las ‘mieles’ de la nómina de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Lo han hecho hasta maestros e investigadores de la izquierda, mujeres y viejos conocidos en la estructura del PRI en el gobierno, y ahora también panistas en el poder político.
Nada realmente para desgarrarse las vestiduras, que al cabo es solo él, Oscar Ibáñez y su calidad moral.
Los pobrecillos, ambiciosos de las prebendas del poder político y económico, se llevan con ambos salarios, de funcionario y de maestro, una dieta completa, que ha llegado, según el caso y el cargo, a los cien mil pesos mensuales.
Nada que incomode a nadie en el México surrealista.
Los funcionarios se dan la ‘maña’ y el tiempo suficiente, para justificar la nómina. Al demonio el llamado “tiempo completo” en el ejercicio público del gobierno.
Se justifican de que asumen cargos que no son por elección popular.
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
Prestigiado periodista, autor de la reconocida columna La Torre Fuerte.
