La justicia como moneda de cambio

Por: Dr. Víctor García Mata

Comunicólogo e Investigador Social

Vaya polémica que se ha desatado en el ambiente político juarense. Mientras que la síndica de Ciudad Juárez, Esther Mejía, interpone una denuncia por peculado contra quien resulte responsable de la pasada administración municipal de Armando Cabada, ella misma, a través de filtraciones informativas, es señalada por actos de nepotismo, lo que, entendiéndose entre líneas, significa que mejor detenga la denuncia o le buscarán elementos para descalificarla.

Aquí se nota cómo dos grupos están dirimiendo sus diferencias a través de medios públicos; por un lado, la síndica en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de la República; por otro, el grupo de Cabada, a través de filtraciones a los medios en los que se habla de supuestos actos de nepotismo. Existe un claro contraataque del grupo de Cabada para detener las denuncias en su contra y evitar que procedan, a pesar de que por el momento el exalcalde no puede ser procesado porque tiene fuero federal por ser diputado.

Esto nos llama a la reflexión, porque vemos que los funcionarios públicos que no cumplieron debidamente con su función, o que no manejaron los recursos públicos éticamente, pueden ser llamados a cuentas. Aunque en los medios locales de difusión se señala el presunto enriquecimiento ilícito del exalcalde independiente -hoy bajo las siglas de Morena-, esta situación la deberá determinar la autoridad competente. Pero llama la atención que ante las acusaciones en su contra, y al hacerse público el informe de la síndica Ester Mejía, de inmediato aparecieron filtraciones en los medios afines a Cabada.

Al igual que la denuncia por peculado contra el exalcalde, que alcanza millones de pesos y un gran daño al erario público, los señalamientos por nepotismo en contra de la síndica se deben investigar a fondo. La funcionaria niega las acusaciones, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen si incurrió en esta deleznable práctica que está bien tipificada en los reglamentos de la administración pública. Si Mejía si violó la ley debe ser sancionada, al igual que las autoridades que presuntamente permitieron la contratación de personas con parentesco directo, si ese es el caso.

Desde fuera, lo que los ciudadanos notamos es que se trata de un conflicto entre funcionarios anteriores y actuales, pero lo valioso que sacamos de esto, es ver cómo la Sindicatura, al encontrar elementos interpuso la denuncia por peculado. Esta situación nos da pie a demandar que la actual administración sea más cuidadosa en el manejo presupuestal, porque quien comete un delito debe ser castigado. Si Cabada es encontrado culpable debe ser desaforado. Por ética, y si está con la conciencia tranquila, él mismo debería pedir permiso para afrontar las acusaciones en su contra y sin fuero. Es muy sano lo que se está dando, ya que sentará el precedente de que la impunidad tiene sus días contados, o al menos, eso es algo muy deseable