detectan posible desvío millonario en la UACJ
ASE multa a funcionaria de la UACJ por negar información de gasto, la sanción asciende a 35 mil 193 pesos y deriva de la revisión de la cuenta pública 2025 de la universidad.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) impuso una multa de 35 mil 193 pesos a una servidora pública de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por negarse a entregar información relacionada con la fiscalización de la cuenta pública 2025 de la institución.
La sanción, equivalente a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), fue determinada dentro del expediente PIM-001/2026, conforme a las facultades establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua.
Durante la revisión, la ASE analizó la subcuenta de “congresos, convenciones y exposiciones”, en la que la UACJ reportó un gasto de 4 millones 179 mil 191.83 pesos durante 2025. De ese monto, el órgano fiscalizador seleccionó una muestra por 1 millón 306 mil 874.92 pesos.
De acuerdo con el reporte, la universidad entregó información parcial y no proporcionó documentación comprobatoria de 1 millón 012 mil 254.42 pesos, correspondientes a conceptos relacionados con el “pago de tarjetas empresariales” y el “pago para asistencia del personal de la UACJ a una cena-baile”.
La ASE señaló que las tarjetas empresariales están asignadas a servidores públicos de primer nivel, pero indicó que no ha sido posible determinar el uso y destino de esos recursos debido a la falta de documentación soporte, estados de cuenta bancarios, lineamientos y aprobaciones.
El organismo recordó que la UACJ es una entidad paraestatal de derecho público y que su patrimonio tiene carácter público, por lo que está sujeto a las disposiciones de presupuestación, contabilidad gubernamental, control, vigilancia, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización.
La ASE precisó que la multa es una responsabilidad individual y constituye un crédito fiscal a cargo de la persona infractora, quien deberá cubrirla con recursos propios y no con recursos del presupuesto universitario.
Según el órgano fiscalizador, este es el primer caso registrado en Chihuahua en el que un ente auditado se niega a entregar información a la ASE.
La dependencia advirtió que, si continúa la negativa, podría iniciar un procedimiento de responsabilidades contra el servidor público que haya ordenado impedir la entrega de información, al considerar que podría configurarse la falta administrativa grave de “desacato”.
En ese supuesto, correspondería al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinar la sanción, que podría incluir desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación.
